LAS VEGAS — Tras declarar “este es el momento” para modificar las deficientes leyes de inmigración, el presidente Barack Obama anunció el martes un raro acuerdo bipartidista entre legisladores y la Casa Blanca para facilitar que millones de inmigrantes indocumentados puedan hacerse ciudadanos estadounidenses, impedir que las empresas contraten a inmigrantes indocumentados y fortalecer la seguridad en las fronteras.

Sin embargo, tanto las propuestas de la Casa Blanca como las del Senado para resolver problemas complejos y sensibles aún carecen de detalles importantes. Y ya están surgiendo posibles obstáculos con respecto a cómo estructurar la vía hacia la naturalización y si habrá un proyecto de ley para parejas del mismo sexo. Todo esto ocurre antes de que la medida senatorial sea debatida, aprobada y enviada a la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, donde la oposición puede ser más firme.

Obama, que se encontraba en un área del suroeste de la ciudad, donde viven muchos hispanos, dijo que las diferencias entre los partidos están disminuyendo y que el Congreso está mostrando “un deseo genuino de finalizar esto rápidamente”.

“Ahora se puede oír un llamado a la acción en todo Estados Unidos”, expresó Obama durante un evento al estilo de campaña en Las Vegas, el cual ocurre una semana después de que prestó juramento para su segundo término en la Casa Blanca.

A pesar de los posibles obstáculos futuros, el amplio acuerdo entre legisladores de ambos partidos en el Senado y la Casa Blanca representa un cambio drástico en la disposición de Washington para resolver el asunto de inmigración, un problema que ha sido pospuesto durante años. Gran parte de ese cambio está motivado por razones políticas debido a la creciente influencia de los hispanos en la elección presidencial y en otras contiendas electorales, así como por el abrumador apoyo que esa comunidad brindó a Obama en noviembre.

Las propuestas del Senado y de la Casa Blanca se centran por separado en los mismos principios: proporcionar una vía para que los estimados 11 millones de indocumentados en Estados Unidos puedan convertirse en ciudadanos de esta nación; fortalecer la seguridad en las fronteras; luchar contra los empleadores que contratan a inmigrantes indocumentados y racionalizar el sistema judicial de inmigración.