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Medidas especiales contra pandilleros de Houston


Contradicción entre fiscal y residentes

Álvaro Ortiz | 12/5/2012, 12:54 p.m.
Medidas especiales contra pandilleros de Houston
María Aguirre lleva más de 10 años viviendo en el complejo Le Promenade y dice que, pese a los argumentos de la Fiscalía del Condado de Harris, ya no hay tanto peligro de actividad criminal de pandillas en su zona. | Todd Spoth

HOUSTON - La Fiscalía del Condado de Harris quiere tomar medidas extraordinarias para parar la actividad criminal de una de las pandillas latinas más agresivas de Houston: La Primera.

La fiscal Laura Cahill

La fiscalía quiere acabar concretamente con las actividades que la pandilla lleva a cabo en Le Promenade, un complejo de condominios del suroeste de Houston con un alto porcentaje de propietarios y arrendatarios hispanos y donde, según la fiscal asistente que lleva el caso, Laura Cahill, La Primera tiene su base.

Un documento que Cahill presentó a la juez de la corte civil 164, Alexandra Smoots-Hogan, en noviembre sobre la situación en Le Promenade indica que entre mayo de 2010 y febrero de 2012 hubo más de 100 llamadas a la policía por incidentes registrados dentro del complejo y que incluyeron asaltos, robos y venta de drogas.

El lunes, la fiscal pidió a Smoots-Hogan que designara a un recibidor, una figura legal raramente usada pero contenida en el Código de Práctica Civil y Remedios de Texas.

El recibidor es una persona que representaría a la Fiscalía en el complejo y una de sus principales misiones habría sido velar por la seguridad de la propiedad. En otras palabras, tomar el control de esa propiedad.

La juez denegó la petición por considerar que establecer esa medida resultaría muy costoso pero para Cahill esta iniciativa, la última de una serie, ha sido “un recurso extraordinario” justificado por el preocupante índice de criminalidad en el complejo.

El documento que Cahill presentó a la juez establece que “muchos de los crímenes cometidos en el 7400 de Bissonnet” ,la dirección de Le Promenade, se consideran actividad de pandillas, según el Código Penal de Texas.

Otras iniciativas

En julio de este año, también a petición de Cahill, Smoots-Hogan ya había aprobado una orden judicial que exigía a los miembros del consejo de copropietarios varios cambios para mejorar las condiciones de seguridad del complejo.

La orden establecía que el consejo debía contratar a dos oficiales uniformados y dos guardias de seguridad. También debían instalar ocho cámaras de seguridad en cada una de las tres secciones que forman la propiedad, mejorar el sistema de iluminación y revisar si los potenciales arrendatarios tienen antecedentes por felonías, crímenes violentos, crímenes sexuales, tráfico de drogas o pertenencia a pandillas.

Según Cahill, hay “informes contradictorios” sobre en qué medida el consejo de copropietarios ha hecho caso de lo que les exigía la orden judicial.

Mientras que tiene constancia de que se han instalado las cámaras de seguridad y se ha mejorado el sistema de iluminación, Cahill dice no estar segura de que los responsables de Le Promenade estén revisando si todos los potenciales arrendatarios tienen o no antecedentes criminales.

Pero la encargada de la propiedad, Charlene Kirkland, sostiene que han hecho todo lo que dictaba la orden, incluyendo la revisión de posibles afiliaciones a pandillas de personas que quieren alquilar una unidad.

Según Kirkland, lo que perjudica al complejo es la actividad criminal que se registra en los alrededores.

“No ocurre dentro de la propiedad. Es posible que sea en la calle”, dice la encargada. “Y si la policía para a alguien delante de nuestro complejo, el incidente se atribuye automáticamente a la dirección en la que estamos nosotros”.